En las universidades y centros públicos de investigación españoles trabajan más de 50.000 profesores de plantilla, en torno a 40.000 profesores contratados en sus diversas categorías, unos 6.000 investigadores en los centros públicos de investigación, y alrededor de 40.000 personas con becas y contratos previstos en diversos programas de recursos humanos para las instituciones públicas dedicadas a I+D (ver Capítulo de González y González). Huelga decir que éste es un colectivo muy importante por su tamaño y porque en él se acumulan las mayores capacidades científicas del país. Ahora bien, si nos preguntamos cuales son las políticas y procedimientos que se siguen en la planificación y gestión de tan importantes recursos, la respuesta deja muchas cuestiones sin resolver. Los recursos humanos son uno de los factores más importantes y complejos de las organizaciones en general y de las científicas y académicas en particular. Pese a ello, en España se sabe muy poco sobre la política de recursos humanos que se aplica a este colectivo, más allá del marco general que establecen las leyes y de las convocatorias que regulan las ofertas de empleo público en este sector. Para ser más precisos, se sabe poco sobre el modelo de planificación y gestión de recursos humanos que subyace a esas convocatorias y sobre los resultados que genera. Primero, porque no ha sido explicitado con claridad, y segundo, porque existe una importante diversidad de criterios en su aplicación, lo que da lugar a numerosos efectos no esperados.