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La reestructuración de los Estados de Bienestar ha dado lugar a una polémica que se extiende en varias dimensiones. Por un lado, se debate si estamos asistiendo a un proceso de privatizaciones cuyo fin último es reducir la capacidad redistribuidora del Estado o si, al contrario, se trata de reformar el Estado de Bienestar para salvarlo aumentando su eficiencia ante los problemas derivados de su crisis fiscal y de legitimidad. Por otro, se discute si la introducción de la lógica mercantil en la gestión pública como forma de aumentar la eficiencia es una estrategia acertada y si lo es también el forzar un mayor compromiso de las organizaciones cívicas en la gestión directa de los servicios de bienestar.
En esta comunicación se tratan algunos de estos temas utilizando como caso de estudio el Programa Interdepartamental de Rentas Mínimas de Inserción de la Generalitat de Catalunya. Nuestras conclusiones, que han de considerarse todavía provisionales, afirman que:
1. Las rentas mínimas de inserción instituidas recientemente suponen una práctica política en la que se ha avanzado hacia un escenario de gobierno compartido y no hacia una delegación política de las responsabilidades públicas, si bien se ha cedido una parte de la gestión directa del programa a la sociedad civil.
2. Los actores civiles implicados en el proceso discrepan sobre los efectos que este nuevo programa pueda tener y surgen tensiones entre sindicatos y entidades prestadoras de servicios en torno a las estrategias de inserción.
3. La mayor implicación de la sociedad civil en la gestión pública puede plantear problemas de representatividad política entre agentes sociales, entidades voluntarias y partidos.
4. Tal como los actores interpretan la situación, se cumplen algunas de las ventajas atribuidas a la colaboración entre AAPP y sociedad civil, pero también algunos de los inconvenientes. |
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