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La vinculación causal entre desarrollo económico y democracia, convertida en un lugar común a partir desde Lipset (1959), hizo que durante la década de los 80, tras la crisis de la deuda y los ajustes económicos consiguientes, se extendiera un cierto pesimismo sobre el futuro de la democracia en América Latina, precisamente en un momento en el que los regímenes autoritarios de la década anterior estaban dando paso uno tras otro a una restaurada democracia. Muchos observadores temieron que la crisis económica y sus regresivas consecuencias sociales harían imposible el mantenimiento de regímenes democráticos en la región.
En el período trancurrido desde entonces ese temor se ha disipado en buena medida. La norma siguen siendo en América Latina los regímenes democráticos, pese al alto precio social pagado por la crisis y los ajustes y reformas posteriores, y el propio régimen mexicano, siempre considerado un caso anómalo, afronta las elecciones presidenciales del año 2000 con serias garantías institucionales de un proceso competitivo y transparente. No obstante, la discutible reelección del presidente Fujimori en Perú, y la concentración de poder en la presidencia de Chávez, en Venezuela, arrojan serias sombras sobre la institucionalidad democrática en ambos países. Y, por otro lado el intento de golpe —y el desplazamiento del presidente Mahuad— en Ecuador y el estado de sitio en Bolivia han mostrado en los primeros meses de 2000 que las tensiones sociales pueden crear serios problemas para la gobernación democrática.
De esta forma reaparece la cuestión social como clave del futuro de la democracia: ¿hasta qué punto puede asentarse la democracia en sociedades marcadas por altos niveles de pobreza y creciente desigualdad? El problema sería saber qué variable explica la permanencia o la fragilidad de los regímenes democráticos cuando se parte de situaciones de fuerte desigualdad social o de crisis económica profunda. El recuerdo próximo de un régimen autoritario o la dramática memoria de un conflicto civil pueden ayudar a que las instituciones democráticas se mantengan para evitar el regreso hacia ese pasado indeseable. Pero además cabe imaginar que algunas características de las instituciones democráticas pueden favorecer especialmente su duración, motivando que los ciudadanos mantengan su confianza en ellas. La primera de estas características sería, en buena lógica, la capacidad para satisfacer las demandas de los electores. |
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