Este trabajo se ha desarrollado dentro del proyecto de investigación “La última red de protección social en España” (SEC97-1377) del Plan Nacional de I+D.Esta descripción asignaría responsabilidades a los sectores público, privado y privado no lucrativo. Por parte del sector privado, el cumplimiento de su responsabilidad para aliviar situaciones de exclusión social pasaría por emplear y formar a personas de baja cualificación. Como apuntan Schokkaert y Sweeney (1999) no faltan experiencias en este sentido como se desprende de los más de 100 ejemplos que una asociación de ejecutivos de negocios como la UNIAPAC ha recogido sobre prácticas de determinadas compañías en la contratación de personas de baja cualificación y parados de larga duración en unas condiciones laborales dignas, o la importancia de la Declaración Europea de Empresas Contra la Exclusión. Por parte del sector público, han adquirido una creciente relevancia en los últimos años las políticas de asistencia social traducidas en los subsidios por desempleo, las pensiones no contributivas o los salarios sociales que, a modo de “redes de seguridad”, se orientan a garantizar unos niveles mínimos de ingresos para los más necesitados. Al margen de su indudable importancia en cuanto que garantizan la subsistencia en situaciones de desempleo o inactividad, en un gran número de casos se trata de programas inconexos, heterogéneos y descordinados que no consiguen integrar de una manera sólida a los más necesitados y menos cualificados en las instituciones económicas y sociales de una manera digna, útil y reconocida.