En la elaboración de este apartado se ha contado con la colaboración de Xavier Anton Grau, abogado y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Este trabajo se ha desarrollado dentro del proyecto de investigación “La última red de protección social en España” (SEC97-1377) del Plan Nacional de I+D.La reestructuración de los Estados de Bienestar iniciada en los EE.UU. y el Reino Unido durante el decenio de los ochenta ha originado un debate teórico que presenta múltiples facetas. Tres de ellas son de especial importancia para la investigación que hemos llevado a cabo. Por un lado, el debate en torno a las recomendaciones de fomentar una mayor participación de la sociedad civil e introducir la lógica del mercado en las instituciones de protección social puede ser interpretado como un proceso de privatizaciones cuyo resultado último será la reducción de la capacidad redistribuidora del Estado, pero también puede interpretarse como una reforma del Estado de Bienestar imprescindible para mantener su capacidad redistributiva, pero aumentando su eficiencia ante las nuevas necesidades sociales y los problemas derivados de su crisis fiscal y de legitimidad. Por otro lado, se discute si tanto la introducción de la lógica mercantil en la gestión pública como la mayor vinculación de la iniciativa social a la gestión de los servicios públicos son una estrategia acertada para aumentar la eficiencia de los servicios de bienestar, y cuáles puedan ser sus consecuencias para la estructura e identidad de las organizaciones cívicas implicadas y el voluntariado en general. Por último, se hace hincapié en la necesidad de construir una red de seguridad para aquellas personas cada vez más numerosas que quedan fuera la capacidad protectora de la Seguridad Social. De manera reduccionista podríamos limitar a dos las alternativas que se ofrecen para construir esta red. Una consiste en ofrecer una cobertura universal basada en el derecho de ciudadanía que equivaldría a una especie de “salario social”. La otra pretende institucionalizar unos programas específicos dirigidos a grupos muy concretos de población en situación de pobreza cuyos miembros podrían beneficiarse de la protección social previa demostración de necesidad y la aceptación de un compromiso personal para salir por sí mismos de la pobreza. Los programas de rentas mínimas de inserción que se han extendido en España durante los años noventa se ajustan perfectamente a esta segunda alternativa y, como tendremos ocasión de ver, son programas públicos donde la sociedad civil tiene cierto papel, aunque desigual según la Comunidad Autónoma de que se trate. Nuestra intención es hacer una primera aproximación a qué funciones tiene la sociedad civil en estos programas y, tomando Cataluña como estudio de caso, contrastar algunas de las hipótesis que se han formulado en el debate teórico sobre las relaciones entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa social.